Algunas consideraciones sobre el "Caso Faisán"

 

J. M. Alvarez

Independientemente de mi propia opinión al respecto- imposible de exponer por “imperativo legal”- pregunto: ¿No decía el señor Rubalcaba que ETA nunca miente?

Observo con regocijo las disputas actuales entre el PSOE y el PP. Cualquier atisbo de verdad, dicha por ellos, vale más que todas las que podamos decir nosotros, pues queda plasmada en los grandes medios y llega hasta el ciudadano medio, que comprueba la ruindad de los servidores del Sistema.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha acusado al PP de llevar la "bazofia" de ETA al Parlamento, por dar credibilidad a las actas que la organización armada vasca levantaba de sus reuniones con el Gobierno del PSOE durante la última tregua. Según él, dichas actas están llenas de mentiras y manipulaciones.
En fin. En mi opinión, la bazofia reside cómodamente en el Parlamento desde 1981, año en el que dieron carpetazo definitivo a las incipientes libertades. Quien está hasta el cuello de mentir, robar y manipular (y otras cosas mucho peores) es la bicefalia PSOE-PP, puntal del régimen de los Borbones.
Si la bajeza del PSOE, que no relaciono con el hecho de negociar, alcanza límites insospechados, otro tanto puede decirse de la del PP que, en su lucha por la poltrona, no duda en certificar, de manera contradictoria, lo que afirma el enemigo.
Independientemente de mi propia opinión al respecto- imposible de exponer por “imperativo legal”- pregunto: ¿No decía el señor Rubalcaba que ETA nunca miente?

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La Policía investiga a CCOO por el caso de los ERE´s en Andalucía

 

La Policía investiga el papel de CC. OO. en el pago de los ERE porque la juez se pregunta por qué el sindicato fue tomador de una póliza de tres millones de euros para once trabajadores. Como es sabido, tanto UGT como CC.OO obtienen ingresos por asistir "profesionalmente" a los trabajadores y a las empresas en los Expedientes de Regulación de Empleo aunque aún no se ha hecho pública una relación de ingresos por estos conceptos. Recordemos que por intermediar el ERE de una empresa de electrodomésticos, el sindicato CGT denunció que UGT y CC.OO habían cobrado 6.500 euros cada uno en concepto de honorarios. Segun UGT, estos honorarios servían para cubrir los gastos de los no afiliados y se suman, claro, a las subvenciones que los sindicatos cobran de los Presupuestos Generales del Estado,, de las Comunidades Autónomas e incluso de Diputaciones y Ayuntamientos. Por su parte, el PSOE saca la artillería contra la juez y la acusa de filtrar papeles a la prensa.

ABC cuenta hoy que una póliza de tres millones fue  tomada por la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Andalucía y que se destinó a once trabajadores. Naturalmente, el hecho se incluye entre las pesquisas que la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha encargado a la Policía. En el auto que ordena la investigación, firmado hace un mes, se solicitaba que se investigasen «todas las circunstancias relativas a que el tomador de la póliza sea CC.OO de Andalucía y como llega a asumir tales funciones». Además la juez ordena que se investigue por qué para esta empresa y sólo para once prejubilados se destinan casi once millones mientras que para otras en las que el número de prejubilados es muy superior (por ejemplo Surcolor con 26) la cantidad de la prima es inferior.

El auto ordena que «se practiquen todas las gestiones encaminadas a explicar por qué el tomador es CC.OO. y cómo llega a asumir tales funciones y quién abona las primas». Y le reclama los certificados individuales de adhesión de todos los prejubilados así como que se aporten las vidas laborales de los trabajadores acogidos al ERE y de los intrusos señalados por la Junta Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón. Ese auto, en el que la juez advirtió al ex consejero Antonio Fernández y al ex director General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, de que serán imputados de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, también imputa a otros presuntos intrusos. Se trata de Patrocinio Sierra (esposa de Juan Lanzas), María Nieves Ruiz, María José Martínez y Angeles Sierra. Además de pedir el organigrama de los directores generales de Trabajo y directores del IFA también pide a la Agencia Tributaria que investigue las repercusiones fiscales de las rentas percibidas por intrusos.

Publicado en insurgente.org

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